El objetivo es generar condiciones para garantizar el derecho de participación en la vida política de usuarios de los servicios de salud mental y discapacidad.
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, informó que con el propósito de generar condiciones para ampliar las posibilidades de participación en la vida política de usuarias y usuarios de los servicios de salud mental y discapacidad, se constituyó en la provincia la Mesa Intersectorial por el Acceso al Derecho al Voto.
En este sentido, la directora provincial de Salud Mental, Celina Pochettino, indicó que “dada la complejidad que presentan las problemáticas de salud mental, las múltiples dimensiones que las atraviesan, y su vinculación con la concreción de derechos, el trabajo interdisciplinario e intersectorial resulta clave”.
También expresó que el objetivo es la construcción de apoyos para que las personas institucionalizadas puedan ejercer efectivamente su derecho al voto sin restricciones jurídicas de ningún tipo, ya que es un deber del Estado.
De la misma, participaron integrantes de la Mesa Nacional de la “Campaña por el derecho al voto de las personas institucionalizadas por motivos de salud mental y discapacidad 2021”; el director nacional de Salud Mental, Hugo Barrionuevo; por la Secretaría de DDHH de Nación asistieron Valeria Monopoli y Ana Lía Rodríguez; como referente del INADI participó Érica Almeida; de la Dirección Nacional Electoral Flavia Cardoso y Sofia Lazari; y referentes provinciales.
Además asistió a la actividad el Procurador de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe Dr. Jorge Barraguirre; la subsecretaria de Inclusión para personas con discapacidad, Iris Pérez; coordinadora provincial de Acceso a la Justicia (CAJ), Gabriela Durruty; consejera del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, parte de Red Experiencia Santa Fe, Tatiana Moreno; delegada de INADI santafesino, Paula Saini; la representante de la Secretaría de DDHH de la Provincia, Sofía Sufritti, y referentes de la Defensoría del Pueblo.
Todos estos organismos e instituciones resultan fundamentales para avanzar en la garantía de derechos y en la remoción de barreras legales, jurídicas, sociales y culturales con el fin de que la población institucionalizada por motivos de salud mental y discapacidad pueda ejercer su derecho al voto.
