Desde que ejerce en Paraná ha cultivado el bajo perfil. Sin embargo, el año pasado suscribió una carta, junto con otros camaristas del país, criticando la reforma judicial que impulsaba el Gobierno nacional porque “podría paralizar el sistema judicial”.

Los fundamentos

El fallo de la Corte Suprema se sostiene en el dictamen del entonces procurador Esteban Righi, quien advirtió que el tribunal que dispuso la condena para el periodista “yerra” en el criterio del máximo tribunal respecto de los criterios a seguir cuando se trate de colisión de derechos, en este caso entre libertad de expresión y derecho al honor.

El procurador enfatizó, allá por marzo de 2012, que la Corte Suprema tiene dicho que “en el conflicto entre derecho a la libertad de prensa y el derecho al honor, aquel adquiere su mayor alcance cuando el honor afectado es el de una persona pública y la lesión proviene de la difusión de información de interés público probadamente falaz o inexacta”, aunque luego aclaró que no era este el caso. “El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes”, acotó.

El periodista Jorge Lanata citó en su programa dos expedientes judiciales que involucraban a Kemelmajer en denuncias de tráfico de influencia, directa o indirectamente, a través de su marido. Las denuncias efectivamente existieron, pero lo que estaba en discusión era si el Poder Ejecutivo había desistido de su postulación para la Corte Suprema por esas denuncias. “Esta proposición, creo oportuno subrayar, bien pudo haber sido falsa; mi opinión es sólo que los hechos aportados no muestran que lo haya sido y que, sin una demostración de falsedad de esa naturaleza, la doctrina sobre libertad de expresión aplicable asegura, entiendo, el rechazo de la demanda”, replicó el procurador.

Siguiendo su razonamiento, Righi consideró que “para que una persona pública como la actora (la jueza Kemelmajer) pueda pretender una reparación civil por los daños causados por la difusión de información falsa o inexacta sobre asuntos de interés público –como lo son, en este caso, las razones en virtud de las cuales el Poder Ejecutivo Nacional habría descartado su nominación como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– que la conciernen directamente, la demanda ha de acreditar en primer lugar, el carácter falaz de la información difundida”, algo que, en su criterio, no se logró probar en este caso.

No obstante, Righi hizo una salvedad al señalar que Lanata dio información “incompleta” e insistió en que “un relato informativo parcial, incompleto o sesgado puede ser tan lesivo para el honor de la persona implicada como la emisión de una información llanamente falsa”.