Hacinamiento, abandono de personas y un show de armado de causas en la justicia federal con asiento en la provincia
Internos detenidos en pabellones de la unidades penitenciarias de la provincia y a disposicón de la justicia federal, elevaron una denuncia con un promenorizado informe sobre la situación de precariedad extrema en la que se encuentran alojados y la permanente violación de sus derechos constitucionales a la légitima defensa, asi como el permanente "armado de causas", para justificar las detenciones.
A través de una nota, dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, los detenidos alojados en los pabellones N° 1, 10, 14 y 17 de la unidad penitenciaria N° 1 modelo de Coronda, y en el pabellón N° 17 de la unidad penitenciaria N° 11 de Piñeiro solicitan un "recurso de hábeas corpus colectivo correctivo por agravamiento de las condiciones de detención", apuntando no solo contra el Servicio Penitenciario, sino contra toda la justicia federal con asiento en Santa Fé.
El escrito indica que los reclamos no son nuevos y se vienen planteando de forma individual desde hace años y de manera colectiva desde el 2019, a pesar de lo cual la situación se agrava día a día, "como consecuencia de los 4 años de gobierno que buscó el silencio de las personas encarcelandolas y escondiendo el oscuro entramado político judicial que amordazó no solamente a nosotros, sino que también no hicieron discriminación en edades ni sexo".
En uno de los argumento más graves de los que se incluyen en la presentación, se advierte que "tanto los presos condenados, como así también los presos procesados" no están informados de su situación tanto procesal como condenatoria, ni de parte de los jueces que llevan adelante los expedientes, ni del Servicio Penitenciario de Santa Fe, lo que resulta violatorio del derecho de legítima defensa, que incluye el derecho a la información.
Por eso los detenidos reclaman no solo enterarse de los cambios en su situación procesal, sino también "poder intervenir en las decisiones que se tomen sobre nuestra persona; el derecho a ser oído, o sea, a poder argumentar nuestras razones sobre las situaciones que estamos viviendo. Pues de no cumplirse ello, el derecho a la defensa se verá afectado".
Como si esto fuera poco, apuntaron contra un mecanismo de armado de causas, con asiento en la fiscalía N° 2, hasta hace unos meses a cargo de Francisco Miño, el Juzgado N° 2 de Reconquista, que maneja Aldo Alurralde y el juez de Rafaela, Miguel Abasolo, que según los denunciantes también se retiró en el marco de una especie de purga voluntaria tras el cambio de gobierno y como mecanismo para evitar sanciones por su actuación en las irregularidades que están denunciando.
Por todo esto, y amparados en los informes de organismos internacionales sobre la situación de las cárceles en Argentina, es que el hábeas corpus colectivo incluye, en el marco de la pandemia de COVID-19, un pedido para la liberación inmediata de los presos con salidas transitorias, así como mecanismos de morigeración de prisión para los que se encuentren procesados y detenidos bajo la figura de prisión preventiva.
Además, la presentación reclama desestimar los informes del Servicio Penitenciario de Santa Fé, y advierte que será necesario una evaluación y reelaboración de esos informes para alcanzar un grado de transparencia que elimine las sospechas.
