Es que el oficial, en 2006, cuando era subcomisario y jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la misma regional, había sido denunciado por un subalterno, quien lo acusó de haberlo agredido verbalmente y ofendido por el color de su piel y por estar casado con una mujer judía. Además, se encontró un cuadro con símbolos Nazis en su despacho.

En efecto, el jefe de la Unidad Regional I de ese momento, Juan Hek, lo desplazó de su cargo y pasó a disponibilidad para ser investigado por la denuncia. Sin embargo, la causa judicial y el sumario interno terminaron en el archivo y tres funcionarios del gobierno de Antonio Bonfatti defendieron la actual designación.

En este marco, la Asociación Cultural Israelita de la ciudad de Santa Fe, I.L. Peretz, manifestó su preocupación y malestar por el nombramiento del nuevo jefe de la URI, Juan Garro, por lo que ya pidieron una reunión con las autoridades provinciales.

“Cualquier funcionario de la provincia de Santa Fe que tenga en sus manos nuestra seguridad debe ser una persona absolutamente intachable en todos sus antecedentes“, postuló el representante de la institución, Daniel Silber.

“Estamos preocupados de que un funcionario con tanta responsabilidad tenga una mancha en su expediente por el tema de discriminación o racismo. El gobierno debería ser mucho más cuidadoso”, señaló Silver.

Cabe destacar que Garro junto a Adrián Rodríguez asumieron en reemplazo de Sergio Vergara y Sergio Fernández, ambos imputados en una causa que investiga el tráfico de estupefacientes.

La defensa

En el marco de esta polémica, el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Chaumont, el exjefe de gabinete del ministro de Seguridad y hoy delegado personal de Raúl Lamberto, Miguel Ángel Picca y el director de Asuntos Internos, Julián Aranda, salieron a defender la designación del Ejecutivo.

En declaraciones anteriores, Chaumont sostuvo que “desconozco esa denuncia, pero si no fue imputado o condenado, puede estar en la fuerza”.

Por su parte, Julián Aranda recordó que Garro fue denunciado, “a pedido del juzgado, se reunió una serie de documentación que fue elevada al juez interviniente. Desde la Dirección hicimos un seguimiento de la causa judicial, que ni siquiera llegó a tener una instancia de juicio. La causa fue archivada; ésa fue la resolución. Y el sumario administrativo, al no haber una definición de la justicia, acompañó esa decisión”.

En tanto, Picca justificó la decisión del gobierno, “se revisó su foja de servicios, se consultó con la Dirección de Asuntos Internos y la Secretaría de Control” y “la trayectoria de Garro amerita que pueda asumir este cargo, sin inconvenientes”, argumentó.