Legislativas
Diputada provincial

Educación cívica a marzo: papelón de Amalia Granata por el protocolo de Abortos Legales

La diputada santafesina demostró un brutal desconocimiento de la legislación. (Foto: NOVA)

La diputada provincial santafesina, Amalia Granata, famosa por su posición en contra del aborto legal, protagonizó un tremendo papelón en el que expuso sin querer su absoluto desconocimiento sobre la legislación argentina, la diferencia entre leyes en tratamiento y leyes vigentes, y hasta los alcances de las decisiones de los diferentes poderes.

La ex vedette ya había dado un paso en falso en su cuenta de Twitter cuando salió a cruzar el anuncio del flamante ministro de Salud, Ginés González García, sobre la reposición del Protocolo de Interrupción Legal del Embaraza (ILE), y aseguró que la norma estaba protegiendo a los violadores, que ahora podrían cometer sus delitos más tranquilos.

En esa oportunidad, la exageración de la legisladora fue marcada por cientos de usuarios de la red social del pajarito, que salieron con los tapones de punta para criticar la posición extremista frente a un tema tan sensible como el aborto, pero nada en ese momento hacía prever que el papelón podía ser todavía mayor.

Y es que este jueves decidió insistir con el ataque a la decisión del gobierno, esta vez apuntando directamente a la figura del ministro al que pretendió recordarle que "ya se debatió en el Congreso y no se aprobó, usted quiere atentar contra la democracia y los tratados que protegen al niño por nacer" y remató con un "no se lo vamos a permitir".

Sin embargo, el protocolo que aprobó el ministro nada tiene que ver con la ley que se trató en el Congreso y que fue rechazada por la Cámara de Senadores, sino que es un acto administrativo que viene a reglamentar una ley vigente desde el año 1921 que autoriza la interrupción legal del embarazo en algunos casos determinados, es decir, que más que atentar contra la democracia, lo que está haciendo González García es cumplir con una exigencia de la Corte Suprema que ordenó desarrollar un documento que indique cómo se debe actuar en los casos de ILE.

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