“El lugar está tomado, la gente se quedó. Hicimos huertas”, indicó Di Vincensi, y adelantó el objetivo de conformar el movimiento Campesinos Unidos de Villa del Rosario, en solidaridad con afectados de otros distritos. La organización ya tiene autoridades: Hugo Vaca y Adrián Actis, dos afectados, como presidente y vice respectivamente.

El caso de los desalojos en Córdoba salió a la luz hace aproximadamente dos años, cuando Actis denunció en los medios que la familia Martínez de Hoz lo había demandado para desalojarlo de sus tierras, una pequeña parcela de 2, 7 hectáreas.

Similar denuncia hizo Irma Giacosa, que había sido desalojada por la fuerza pública de sus 60 hectáreas. El último caso fue el de Hugo “Coco” Vaca, de 73 años, que también fue demandado, y a quien y se está intentando desalojar de las tierra donde nació y vivió toda su vida.

En total, los campesinos cordobeses están defendiendo 150 hectáreas, según indicó Di Vincensi. El dirigente ambientalista, oriundo del partido bonaerense de Alberti, denunció también la apropiación de un camino público ante la Justicia de Río Segundo, aunque “aún no se resolvió nada”, lamentó.

”En provincias como Córdoba el modelo perverso expulsa a los pequeños productores y permite a los terratenientes violar la ley, además de leyes ambientales y desmontes que tampoco fiscaliza la Secretaría de Ambiente”, indicó.

En diálogo con NOVA, Di Vincensi dijo que el movimiento campesino apunta “por igual” al Poder Judicial y al gobierno de José Manuel De la Sota. “El Ejecutivo sacó una ley hace un tiempo atrás para adecuar a los campesinos que no tuvieran títulos de propiedad a posesión, y a partir de allí se armó todo este gran negocio. Teniendo en mano a todos los poseedores sin títulos, empezaron a ir tras ellos”, recordó.

Para el dirigente, el gobierno de De la Sota “ni apoya a los campesinos ni hace nada para que la Justicia resuelva en forma más justa. Siempre han resuelto a favor de los sojeros”.

Di Vincensi hizo personalmente la denuncia por el intento de apropiación de un camino público de Río Segundo por parte de Juan Carlos Almandoz. El activista cuestionó que “la Justicia de Río Segundo resuelve a favor de los sojeros. Ninguno tiene menos de dos mil hectáreas”.

Di Vincensi apuntó también a la jueza Susana Martínez Gavier y al fiscal Luis Nazar, que “tomaron licencia para evitar un jury”. En efecto, Nazar, fiscal de Instrucción de Río Segundo, renunció para evitar un proceso de destitución por dos causas penales en las que está imputado, una por coacción y otra por incumplimiento de deberes de funcionario público, al omitir su obligación de reprimir el delito en una causa relacionada con una usurpación de terrenos.

Otras provincias

Pero la tarea de Di Vincensi no se agota en Córdoba. En la capital de Santa Fe, por ejemplo, acompañó a los vecinos del barrio Alberdi, que hicieron un acampe en repudio a la decisión del gobierno municipal de José Corral, del Frente Amplio Progresista, de darle la concesión a una empresa para que hiciera una cochera en la plaza principal.

“Entraron con topadoras, motosierras, voltearon árboles. Querían darle la concesión por 30 años, sacaban todo y ponían 300 cocheras”, relató el activista. En Alvear, a su vez, el colectivo ambientalista denunció las fumigaciones, que multiplican loa casos de enfermedades.

En tanto, en Paraná, Di Vincensi participó de la asamblea en rechazo del proyecto de Ley de Agrotóxicos que fija en 3.000 metros el resguardo de las zonas urbanas de la fumigación aérea y 100 metros para las terrestres, elaborado por el senador provincial Oscar Arlettaz (PJ), presidente de la Comisión de Producción de la Cámara Alta. Ahí permanecen desde hace tres días. “El problema es que todos los senadores entrerrianos son del FpV”, indicó Di Vincensi.