Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que el procedimiento fue solicitado por la unidad de Investigación y Juicio a partir de denuncias recibidas en junio y julio. Las víctimas sostienen que sufrieron extorsiones y amenazas para dejar de pertenecer al Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe e inscribirse en otro gremio formado por dirigentes del moyanismo.

La tarea del personal de la TOE e integrantes del Poder Judicial se desarrolló hasta el mediodía de este jueves. En las primeras horas no se afectó la atención al público en los consultorios. Hacia media mañana se reportó que el fiscal Mariano Ríos Artacho había solicitado el secuestro de documentación junto con otro material de interés para la causa que se tramita en la ciudad.

Las denuncias de apriete

De acuerdo a los testimonios que figuran en la investigación, los afiliados al Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe eran abordados cuando iban a hacer trámites a su obra social. En esas circunstancias, personas aún no identificadas los amenazaban para que renunciaran y se inscribieran en otra organización que tiene como principal referente en la provincia a Juan Chulich.

El "apriete" incluía como posibles represalias la posibilidad de cortarle la cobertura médica a las víctimas si no accedían a hacer el trámite. Según el apoderado legal del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Gabriel Navas, el modus operandi no es nuevo y sostuvo que hay "cientos de casos" similares en toda la provincia.

"Cada vez que tenían que ir, se las apretaba directamente. Debían concurrir a una dirección del pseudo sindicato que quiere instaurar Moyano", comentó el abogado sobre las personas damnificadas. Por otra parte, recalcó que las amenazas a veces incluían a familias con niños bajo tratamiento oncológico.