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1618-1789

Diezmos, ganadería y mercados en Santa Fe colonial

Durante la época estudiada, predominaron las prácticas con el ganado a campo abierto.

Por Mauro Luis Pelozatto Reilly (*), especial para NOVA

Indudablemente, los registros de diezmos constituyen una fuente histórica importante para aquellos que nos dedicados a la Historia Colonial. Sin embargo, es precio tener presentes más precauciones que posibilidades de certezas, por varias razones. En primer lugar, porque tanto los documentos donde aparecen asentadas este tipo de recaudaciones que pesaban sobre los géneros agrícolas y ganaderos, como las sesiones del cabildo, como buenas fuentes de la época colonial, presentan imperfecciones, dificultades para su lectura, faltantes de información, entre otras cosas, más allá de que sólo nos permiten apreciar la ‘‘visión oficial’’ de los diversos asuntos.

Comúnmente, se entiende al diezmo como un impuesto del 10 por ciento sobre determinados productos y/o el comercio de los mismos que, al menos en el Río de la Plata colonial (además de la posibilidad de variar en el monto y de representar para nosotros una cifra inexacta), también funcionó particularmente como un privilegio concesionario, es decir, que el cobro no estaba en manos de la Iglesia directamente, y por lo general se lo arrendaba entre particulares, procedimiento de pública almoneda que le correspondía encabezar al cabildo y a los funcionarios específicos para ello.

Por su parte, el Cabildo de Santa Fe, durante todo el período estudiado, abordó distintos temas vinculados a la aplicación y el cobro de los mencionados gravámenes, en relación a las distintas prácticas agropecuarias e intereses económicos de la época, siguiendo su rol de corporación municipal donde se representaban y entraban en tensión los intereses de los distintos componentes de las élites locales, y como organismo político multifacético, en cuanto supo llevar a la práctica múltiples atribuciones en el ámbito municipal. Ahora bien, ¿qué nos permiten deducir aquellas mediaciones concejiles?

En primer lugar, que el cobro de las citadas cargas fue una materia de interés, tanto para el ayuntamiento y su vecindario, como para los productores rurales y para los representantes de la Iglesia Católica, que de alguna u otra forma de relacionaban con los excedentes decimales. Por ejemplo, el 15 de enero de 1624 el procurador general (que funcionaba como una suerte de representante de los reclamos de los vecinos de la jurisdicción), presentó una petición ante el municipio, referente a las nuevas cargas agrícola-ganaderas.

Asimismo, hay casos que funcionan como indicadores de una lucha de intereses entre las autoridades eclesiásticas y las civiles, como cuando el 20 de agosto de 1618, se consideró lo establecido por una Real Provisión de la Audiencia de La Plata, según la cual no se hacía lugar a los nuevos diezmos establecidos por el obispo de la Ciudad. De esta manera, vemos, por un lado, como la resolución de un conflicto como ese llegaba hasta autoridades superiores, y por otro, la importancia de la Iglesia y sus miembros como actores económicos.

Es conocida la participación de la mencionada institución como propietaria, en distintas formas y niveles (y variando según el lugar) de bienes inmuebles, considerables cantidades de cabezas de ganado (orientándose, al igual que los demás hacendados y labradores, hacia diversos mercados coloniales), de esclavos, y de todo tipo de riquezas. Y justamente el cobro del décimo sobre el total de la producción, o su arrendamiento (del cual le correspondía un porcentaje), funcionaron como otras fuentes de ingresos para los religiosos.

Al mismo tiempo, las descripciones de las intromisiones de los funcionarios en torno a las cargas decimales nos permiten cierta aproximación a las principales actividades productivas de la época, según la coyuntura que se tenga en cuenta. Ejemplificando, el 8 de agosto de 1625, Bernabé Sánchez, procurador general, presentó un pedido en torno al auto episcopal leído en la Iglesia Parroquial, según el cual se fijaba una nueva recaudación sobre los cueros y ‘‘otras cosas’’, ante lo que los capitulares decidieron recurrir a la provisión existente sobre ello como fundamento en contra de la disposición del prelado.

En ese caso, se puede ver el interés por percibir ingresos en relación a uno de los mercados más importantes para la ganadería vacuna: el comercio de cueros. Si bien este no era tan importante para los santafesinos en ese momento, no podemos descartar los contactos con los comerciantes porteños, vinculados desde épocas muy remotas al comercio atlántico, el cual se potenciaría considerablemente desde fines del siglo XVII en adelante.

En la reunión del 9 de julio de 1729, se obedeció una Real Cédula (emitida el 28 de agosto de 1728), mediante la cual se imponían los pagos correspondientes al conocido porcentaje de las producciones de sebo, grasa, cal, ladrillo y cueros. Gracias a dicha intervención, es posible considerar otra de las alternativas económicas derivadas del vacuno, la de los mercados del sebo y de la grasa, donde la sala capitular supo jugar un papel relevante, como institución encargada de fijar los precios de venta al público, controlar los pesos y medidas, las faenas destinadas a las extracciones de tales productos (a través de la administración de licencias o permisos para efectuar vaquerías, recogidas o matanzas funcionales al abasto grasero), etc.

Siguiendo con lo pecuario, los datos obtenidos en base a las anotaciones del conocido como diezmo de cuatropea, sirven para acercarse (aunque nunca exactamente), a los niveles de cría de las estancias. El 9 de junio de 1777, en una época en la cual la extinción del ganado bovino cimarrón, y con aquel de las vaquerías tradicionales, habían dejado lugar a una mayor presencia de animales en las unidades productivas (proceso consumado para ese entonces en todo el Litoral), el regidor Juan Francisco Aldao expuso la decadencia y ruina que atravesaban los ganados vacunos, por haberse quitado la costumbre de que los hacendados debían proveer al matadero. El cuidado de los animales no les permitía afrontar los gastos correspondientes a los peones, con lo cual había decidido quitarlos. Asimismo, señaló que los diezmos de años anteriores habían alcanzado los 4.000 animales en los partidos de Los Arroyos y Coronda, mientras que en ese momento apenas alcanzaban las 1.000 cabezas.

Además, se solicitó que se pusiera en práctica la obligación de proveer semanalmente de reses al matadero. Y en atención a que los cueros tenían cada vez más importancia y que se encontraban algunos compradores en la ciudad, se propuso verificar que las ventas las hicieran los legítimos propietarios.

De este último fragmento se desprenden varios puntos a desarrollar, en vinculación con el tema de este artículo: primeramente, que se abordaba un contexto poco propicio para el desarrollo de las actividades en cuestión; en segundo término, la utilización de trabajadores conchabados, sobre los cuales debemos tener siempre presente que atravesaban situaciones sociales (indígenas, mestizos, criollos, españoles, libertos, mulatos, etc.), de trabajo (desempeñando todo tipo de labores entre los rodeos y los campos de cultivo, recibiendo salarios en especie –alimentos, bebidas, ‘‘vicios’’, ropa-, y en dinero –generalmente la menor porción-), ocupación territorial y producción muy diversas, y que además representaban solo una minoría entre los campesinos dependientes, existiendo toda una variedad de pastores y labradores no propietarios que accedían a los medios de producción mediante distintos vínculos consuetudinarios, como la agregación (acceso a la tierra y a la posibilidad de criar animales mediante el pago de una suerte de pago en trabajo dentro de las propiedades del estanciero) y el arrendamiento (abono de la renta en dinero y/o con productos agrarios), más allá de la existencia de la esclavitud (acaso la fuerza de trabajo más estable dentro de los establecimientos, aunque también siendo una minoría comparada con la mano de obra brindada por los miembros del grupo familiar).

En tercer lugar, la posibilidad de medir las existencias de ganado en base a la multiplicación de los registros decimales: en una escala local (pago de Los Arroyos), se podría decir que, como mínimo, en ese año la cifra rondaba las 10.000 cabezas, entre todos los ganaderos del lugar (siendo una cifra realmente modesta para ese entonces, en lo cual estaríamos de acuerdo con el regidor), mientras que en los mejores años se contabilizaban aproximadamente 40.000 vacas (dato para nada despreciable, teniendo en cuenta que se trataba de solo una localidad de Santa Fe); por último, el peso de los mercados de la carne y de los cueros, donde el cuerpo de cabildantes y regidores intervino sobre diferentes asuntos y problemas.

Como ya he realizado alguna descripción sobre las piezas de la corambre, me gustaría resaltar algunos rasgos del abasto de carne local en Santa Fe colonial. Durante toda la colonia, el cuerpo municipal trató de garantizar el señalado bastimento, valiéndose de distintos mecanismos y procedimientos, según el momento. Por lo general, al menos en el caso santafesino, los sistemas predominantes fueron el de remate público de las carnicerías (el cual recaía sobre el mejor postor entre los hacendados que presentaban opciones, negociándose con éstos las cantidades y los precios), y el de abastecimiento directo de los corrales por parte de quienes tenían la posibilidad de prestar el servicio.

En situaciones de carestía, lo más común era que alguno de los miembros del ayuntamiento o un estanciero que atravesaba una situación más benévola que la del resto de los reseros quedaran como obligados del aprovisionamiento cárnico, o bien que el mismo gobierno local se tomara el trabajo de revisar las existencias y de inventariarlas, para luego obligar a los que mantuvieran reservas a ofrecerlas en el mercado de la ciudad. Simultáneamente, el concejo regulaba las matanzas, la propiedad reconocida sobre los bienes de hacienda (yerros, marcas y señales oficiales), el mantenimiento del matadero, la supervisión de los corrales del abasto, entre otras cuestiones.

Otras políticas encabezadas por los cabildantes funcionan como indicadores de diversificación ganadera, por un lado, y de las funciones sociales de los hacendados, por el otro. Así, el 20 de agosto de 1789, por no haberse respondido al virrey acerca de la consulta formulada sobre el pago de 4.000 vacunos y 2.000 lanares que debía efectuarse a las Reales Cajas para invertir en el socorro de los pueblos de San Javier y San Jerónimo, y ya que las almonedas estaban fijadas para los días 12, 13 y 14 de septiembre, ante la urgencia de los indígenas, se resolvió que el remate se llevara a cabo los días 2, 3 y 4, con la aclaración de que una vez realizado, se llevarían a cabo controles una vez que el mandatario cumpliera con el pago de lo recaudado. Se mandaron a fijar carteles en la ciudad y en los partidos, para informar sobre la convocatoria a los vecinos.

Aquí puede vislumbrarse cómo los vecinos criadores participaban en el abastecimiento de sectores puntuales, como el representado por los indios reducidos, los cuales estaban involucrados no solamente en el consumo de carne, sino que también, aparentemente, se hallaban interesados en la lana, una de las más famosas materias primas para el desarrollo de los textiles artesanales, donde los brazos aborígenes tuvieron un papel destacado. Al mismo tiempo, se puede traer a colación la hipótesis de que tuvieron lugar relaciones muy variadas entre los hispano-criollos y los nativos de la región, desde las hostilidades mutuas y enfrentamientos directos, hasta las negociaciones políticas y económicas, pasando por los intercambios comerciales, sociales y culturales en una sociedad fundamentalmente rural y de frontera abierta y móvil.

En torno a la integración de los originarios a la cultura española, el sistema de reducciones tuvo un importantísimo desempeño, no solamente en lo que hacía a su educación y evangelización, sino también como mecanismo para la explotación laboral, productiva e impositiva de aquellos.

Me gustaría seguir profundizando sobre otros puntos, como los diezmos correspondientes a los granos, sus mercados, las intervenciones del cabildo en torno a los mismos, la comparación entre los niveles de producción agrícola y ganadero, la complementariedad entre ambas ramas de la economía rural, y un análisis sistematizado de los registros, teniendo en cuenta diferencias locales, períodos y situaciones concretas, y hasta pensar en algún estudio de Historia Regional comparada.

Bibliografía y fuentes

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(*) Profesor en Historia egresado de la Universidad de Morón (UM), especialista y magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

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