Judiciales y Policiales
A un paso del juicio político

Lifschitz rechazó por decreto la renuncia del juez Muse Chemes

El gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silverstein, firme en la medida. (Dibujo: NOVA).

El gobernador Miguel Lifschitz; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silverstein, rechazaron mediante decreto provincial Nº 2451 la renuncia del juez Nicolás Muse Chemes. En el mismo, se explica que "si se aceptase la renuncia, el proceso de enjuiciamiento que se le sigue al doctor Muse Chemes podría quedar extinto".

El decreto también señala que “resulta manifiesto el interés público en que se determinen las responsabilidades en quienes ejercen cargos y funciones de alta trascendencia republicana, lo cual amerita el agotamiento de todas las instancias disciplinarias a la que se encuentran sujetos, de manera tal que la realización y culminación de esas instancias contribuyan a fortalecer la confianza pública en el sistema”.

“Como consecuencia de ello y con el objeto de no entorpecer el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en su tan importante labor, debe rechazarse la renuncia presentada por el magistrado", agrega.

Tienen en cuenta el gobernador y el ministro que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha emitido un dictamen al respecto con fecha 29 de agosto de 2018.

Muse Chemes había presentado su renuncia por escrito el 23 de agosto pasado. Si bien la Corte Suprema la aceptó rápidamente, faltaba la decisión del Poder Ejecutivo.

El magistrado tiene polémicos fallos vinculados con delitos sexuales, el más notorio -porque tuvo repercusión internacional- es el que se conoció como el Caso CER, en el que Muse Chemes absolvió a un hombre acusado de abuso por sus propias hijas, haciendo caso omiso a las numerosas evidencias acumuladas en la causa.

En ese marco, para evitar una condena internacional, el gobernador acordó pedir disculpas en nombre del Estado, ayudar a la víctima (a quien le dieron casa y trabajo), investigar a quienes intervinieron en la causa y capacitar a los integrantes del Poder Judicial para que incorporen una perspectiva de género, para que no se repitan casos como éste.

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