En el orden provincial, la alianza Cambiemos será con el Partido Autonomista, mientras que para las elecciones nacionales la coalición es con el Partido Popular Pastoral Ecuménico (PPPE).

El Dr. Rondina señala que "aunque las justicias electorales den la razón a quienes seguramente impugnarán, nosotros vamos a recurrir a las instancias superiores, y mientras dure ese trámite nadie podrá usar el nombre Cambiemos para las elecciones de este año".

Explica el abogado que "solamente el expediente 3312/2017 del Juzgado Federal 1 de Santa Fe tiene en trámite el reconocimiento de la alianza Cambiemos.

Lo mismo ocurre en el orden provincial, donde el Tribunal Electoral de la provincia tiene que resolver el reconocimiento del nombre “Cambiemos”, que en 2015 fuera inscripto como alianza transitoria para esas elecciones. Ahora, el apoderado del Partido País lo inscribió nuevamente en abril pasado sin el PRO.

Los señores Torello, Alberdi, Incicco, Loss y Montenegro presentaron una impugnación para el orden provincial, reclamando el uso del nombre de “Cambiemos” e incluyendo al radicalismo dentro de una nueva alianza.

Antecedentes

Rondina incluye como antecedentes que el 10 de junio de 2015 se constituyó la Alianza Electoral Transitoria Cambiemos Santa Fe para competir en las elecciones convocadas por los decretos 775/15 y 776/15 de fechas 09/08/15 y 25/10/15. Ese día, suscribieron el acta los partidos: PRO, FE y UCEDE, pero al día siguiente se hizo un acta complementaria incorporando de pleno derecho y en igualdad de condiciones como partido miembro de la Alianza Electoral Transitoria Cambiemos al Partido País representado por Néstor Deschi.

El 19 de junio de 2015, el juez federal Reynaldo Rodríguez dio reconocimiento a dicha alianza expresamente diciendo que sus miembros son PRO + FE + UCEDE + PAIS. Cabe señalar que no hubo Cambiemos provincial ese año.

Néstor Deschi, apoderado del Partido País, partido fundador de la Alianza Cambiemos Distrito Santa Fe, señaló que “este año, no habiendo reuniones (ni intención) de todos los miembros de aquella primera alianza para reeditarla, nos unimos junto al Partido Popular Pastoral Ecuménico (PPPE) y entre ambos constituimos la Alianza Electoral Transitoria Cambiemos Santa Fe 2017, para competir en la elección de diputados nacionales convocadas para este año. Este trámite, ingresado el 27 de abril, se encuentra en trámite de aprobación en aquella sede federal.

Además, Deschi esgrime que tiene “derecho a usar el nombre, por ser País el partido fundador de aquella alianza 2015, y tener precedencia por ser ´prior in tempore´. Y ninguna medida judicial impide el reconocimiento de la Alianza en el Federal, pese al esfuerzo que hacen los impugnantes por mezclar y confundir todo (2015 con 2017, lo federal con lo provincial, el expediente de Servini de Cubría con los expedientes de este distrito).

Alianza provincial Cambiemos Santa Fe 2017

Deschi argumenta que el 27 de abril de este año, “como partido fundador de la Alianza Cambiemos en Santa Fe en 2015 y no habiendo reuniones (ni intenciones) de otros partidos para constituirla en el orden provincial, junto al Partido Autonomista, la conformamos”.

Por otra parte, el apoderado de País rechaza la posibilidad que la UCR tenga algún derecho para reclamar cualquier antecedente en la historia de la Alianza Cambiemos en Distrito Santa Fe. “Tal como hemos dicho y surge de la documental que acompañamos oportunamente, en 2015 la UCR no participó de la Alianza Electoral Transitoria Cambiemos Distrito Santa Fe; por el contrario, agrega Deschi, compitió contra Cambiemos. Sin embargo, ahora viene diciendo que tiene derecho por haber participado de ella, invocando falsamente un antecedente que no ostenta”.

Finalmente, Deschi hace notar que “contrariamente a lo señalado respecto a la UCR, nuestro Partido País tiene derecho al nombre de la alianza Cambiemos por ser partido fundador de la misma en este distrito nacional Santa Fe”. Y agrega que “cualquier decisión en contrario implicaría una vulneración gravísima a nuestros derechos políticos, un daño institucional inconmensurable a la República y a las instituciones democráticas, un grave delito penal y electoral, y la provocación de un daño mensurable patrimonialmente que deberá indemnizar quien nos impida la participación electoral”.