El escándalo de los "Corral Papers" está dando que hablar en la provincia, desatado a raíz de una investigación periodística realizada por el equipo de trabajo del secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Medrano, donde se observa cómo ciertos empleados municipales y funcionarios integran entidades sin fines de lucro beneficiadas por el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo, lo cual está prohibido por ordenanza.

El relevamiento deja en evidencia el financiamiento del intendente José Corral con el objetivo de rentar a militantes que “banquen” territorialmete tanto su gestión como la del presidente Mauricio Macri.

El Programa Iniciativa Comunitaria es regulado por la Ordenanza Nº 10.100, sancionada por el Concejo Municipal el 12 de septiembre de 1996 y modificada a mediados de 2010, y autoriza al municipio a “celebrar convenios con instituciones y Organizaciones no Gubernamentales” con el fin de encomendarles “pequeñas obras y servicios que ocupen mano de obra de modo intensivo”.

En este marco de turbios manejos, se conoció que los punteros políticos financiados con dinero del municipio de la Ciudad de Santa Fe cuentan con un oscuro historial relacionado con causas de narcotráfico y piratería del asfalto, e incluso varios de ellos son miembros de la barrabrava de Unión de Santa Fe.

Hasta el momento, ninguno de los tres poderes se ha pronunciado con respecto a las acaudaladas cifras destinadas al financiamiento de los timbreos y los “aprietes” del presidente la Unión Cívica Radical, quien actuaría bajo el ala presidencial.