Agricultura, ganadería y mercados en la Ciudad de Santa Fe a partir de la Independencia
Por Mauro Luis Pelozatto Reilly, especial para NOVA
En muchos de mis escritos anteriores medianamente recientes, tuve la posibilidad de desarrollar distintos aspectos acerca de las intervenciones del Cabildo de Santa Fe en torno a múltiples problemáticas ocurridas a lo largo del período colonial, acerca de asuntos de interés público municipal tales como las prácticas agrícolas y ganaderas (protección de los campos de cultivo, regulación de las vaquerías y recogidas de animales alzados, como para mencionar algunas), la administración del mercado local, la fijación de los precios para los productos de consumo local (como los diversos tipos de azúcar, el tabaco, el vino, el trigo, las harinas, etc., todos efectos que entraban en los aranceles), el control sobre las transacciones comerciales (sobre diferentes géneros, según el contexto), la aplicación de los impuestos determinados por la Corona (sobre los bienes y el comercio, por ejemplo), la configuración de los espacios productivos (mediante la concesión de mercedes de tierras entre los vecinos), y el aprovisionamiento de determinados alimentos fundamentales (como la carne, cuyo derecho de abasto era rematado entre los hacendados de la jurisdicción), entre otras tantas cuestiones.
Hipótesis de trabajo
Lo que me propongo para este artículo consiste en sostener varias hipótesis de trabajo.
En primer lugar, una de elaboración propia, siguiendo la idea de que a partir de la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sud América (Tucumán, 9 de julio de 1816), se produjo la ruptura de algunos mercados coloniales de importancia, como por ejemplo el tráfico de mulas desde el Litoral Rioplatense hacia las principales ferias del Norte (como las de Salta, abastecedoras del Alto Perú minero), pero que simultáneamente otros siguieron teniendo un papel protagónico, como el bastimento de carne municipal.
En segundo término, sigo una postura similar a la elaborada por Juan Carlos Garavaglia, quien hace tiempo pudo afirmar que a partir de las guerras posteriores a la Revolución de Mayo, si bien muchas actividades productivas y circuitos de comercialización se vieron afectados, tuvieron lugar importantes procesos económicos: el crecimiento y desarrollo del saladero, un más que considerable aumento de las demandas de alimentos como consecuencia del crecimiento demográfico, y un mayor volumen en las exportaciones de cueros, entre otros, que fueron de la mano con la expansión de la frontera agrícola y la extensión de las estancias de cría y un aumento de la productividad de las sementeras.
En cuanto a las continuidades, me gustaría empezar describiendo las intervenciones capitulares en relación a las concesiones territoriales y la formación de unidades productivas (quintas y chacras).
El 18 de junio de 1821, se acordaron los pedidos de mercedes de tierras, entre ellos, uno de Nicolás Ríos, quien recibió un terreno de quinta. Días más tarde, se consideró una petición de ese tipo presentada por Cipriano Garcilazo de la Vega, solicitando un baldío al Noroeste de los extramuros de la ciudad, ubicado al lado de una quinta que era suya (de una cuadra de frente por una de fondo). Se hizo lugar, pero se mandó a extender el título de propiedad.
El 19 de diciembre de 1825, José del Carmen Lazo se vio beneficiado con un terreno de las mismas características que en el caso anterior. De las citas puede extraerse que: a) el ayuntamiento santafesino siguió teniendo un papel importante como distribuidor de tierras entre los vecinos propietarios, y en consecuencia, en función de la erección de nuevas explotaciones agrarias; b) por lo visto, las concesiones que se hacían eran en zonas no muy alejadas del centro urbano, y desde el punto de vista productivo, estaban orientadas más bien a la producción triguera y forrajera que a la ganadería, ya que sólo se dieron mercedes de cuadras, solares, quintas y chacras.
En torno a este tipo de labores agrícolas, se dieron otras medidas más vinculadas a la protección de los excedentes obtenidos y las existencias para el alimento de los habitantes de la provincia. Por ejemplo, el 13 de enero de 1826, los regidores, el síndico procurador y el fiel ejecutor expusieron ante el cabildo la situación que atravesaba la campaña, siendo necesaria la prohibición de las extracciones de trigo, maíz y harina, fundamentales para el consumo local. El asunto fue discutido, pero elevado al gobernador para su resolución definitiva.
Asimismo, el cuerpo municipal continuó con la vieja costumbre de nombrar jueces comisionados para los pagos y partidos rurales, aunque de forma distinta de cómo se llevaba a cabo durante la colonia.
Desde principios del siglo XIX, se puede apreciar el nombramiento de manera regular (todos los años, a principios de enero), es decir, como funcionarios permanentes, y ya no como auxiliares de los antiguos alcaldes de la Hermandad. Más bien, parece ser que éstos fueron reemplazados por los jueces de paz, y que los primeramente mencionados asumieron el ejercicio de funciones de Justicia y Policía en las distintas jurisdicciones rurales.
Dentro del período analizado (entre 1821-1829), dichos oficiales de Justicia fueron nombrados todos los años durante los primeros acuerdos capitulares, y los dominios señalados se basaban en la división de los espacios productivos coloniales: se los denominaba Jueces Comisionados de Chacras y Quintas.
Por otra parte, vale la pena señalar que el municipio los designaba, pero que era obligatorio que el gobernador los aceptara y confirmara en el cargo. Respecto a sus atribuciones, las descripciones encontradas son muy generales, haciendo referencia a que debían encargarse de controlar prácticamente todo lo que sucedía dentro de sus territorios.
Ganadería
Otros cambios y rupturas visibles se dieron también en el plano de la ganadería y sus principales mercados. En notas anteriores, me encargué de enumerar y caracterizar las intromisiones concejiles sobre la producción y la exportación de cueros de toros: regulación de las faenas (prohibición y cierre de las mismas, en caso de ser necesario), y ajuste de las cantidades a vender y de los precios por unidad.
En lo que corresponde al recorte cronológico tomado para este texto, también se puede apreciar cómo la sala capitular y sus integrantes buscaron siempre mantener las reservas pecuarias: el 27 de julio de 1821, el síndico procurador sugirió que se suspendieran las faenas de cueros de Bagual, su compra y los envíos hacia otras regiones, para evitar la destrucción de esa actividad, que representaba el ramo de arbitrios (haciendas de campo) de los cuales dependía la provincia para sostenerse económicamente.
Todavía en 1840, se registraron datos que son de utilidad para fundamentar la perduración de esta rama del comercio, aunque sea al por menor: en el marco de la elaboración de un listado de estado y clasificación de los individuos presos de la Ciudad, fue anotado Demetrio Arias (de 18 años de edad, oriundo de Rosario), que había sido remitido por el juez de paz de San Nicolás, por ser hallado vendiendo el cuero de un animal robado de la estancia de Justo Parcilla.
Más relevante aún eran, desde el punto de vista de las autoridades, las políticas practicadas sobre el abasto de carne municipal. Empero, antes que enlistar las prácticas del período, hay que marcar que mientras durante gran parte de la dominación colonial el cabildo sacaba a remate el derecho de carnicerías y negociaba los precios de la carne (por res o cuartos) con los obligados, desde por lo menos 1816 (sino antes), lo que se sacaba a pregón era el derecho al cobro de los impuestos correspondientes a la venta de dicho producto.
Hay muchas situaciones que sirven para ilustrar los procedimientos municipales: el 2 de julio de 1822, tras haberse cumplido los dos años correspondientes al remate de la recaudación del ramo de ganado de abasto (que se hallaba hasta ese momento en manos de Pedro Antonio Núñez), se resolvió anunciar su almoneda y remate para el día 9 de julio, nombrar al nuevo rematador y dar razón de todo al gobierno provincial.
El 16 de diciembre del año siguiente, se trataron algunos problemas en torno a dicha recaudación, como los abusos ejercidos por el encargado de dicho ramo, que había perjudicado considerablemente al fondo público, más los robos de animales de los corrales de la ciudad, ante lo cual se ordenó que el vecino en cuestión rindiera cuentas de todo lo que adeudaba hasta el 24 de diciembre, y que ese día por la tarde se anunciara con carteles el remate para el nuevo año, a celebrarse en las puertas del Ayuntamiento; un año después, se trató sobre las deudas del obligado, cuando el alcalde primero demostró que el mayordomo ya había conducido el pago de las vencidas.
Los testimonios del 19 de diciembre de 1825, sirven para demostrar el carácter improrrogable del remate del asiento del bastimento, ya que ese día se acordó que, tras terminarse el contrato de José María Campos, el escribano colocara carteles anunciando la celebración del mismo procedimiento ya descripto.
También correspondía al Concejo controlar los corrales del abasto. Para citar un caso, el 9 de mayo de 1827 se procedió con una inspección de los corrales del matadero urbano, debido al pantano que se había formado sobre los mismos. Los inspectores (el alcalde de primer voto y el síndico procurador), recomendaron el traslado de dichos depósitos por el mal estado del lugar, lo cual debía ser aprobado por el gobernador.
A su vez, se presentaron ciertas situaciones que requirieron de medidas puntuales: a modo de ejemplo, el 21 de mayo de 1828, el presidente de la corporación dio cuenta de que, debido al fallecimiento del asentista, Pedro Antonio Núñez, se mandó a indagar sobre los intereses del finado para el pago de lo adeudado a la Hacienda pública, para que en caso de nulidad de dichos intereses, se procediera contra el fiador del susodicho, José Núñez. Además, se emitió la orden de que se cancelara la deuda, y de nombrar a un comisionado para que se hiciera cargo de la función. Luego de una semana, el mencionado presidente dio cuenta de haber cobrado, de la viuda del fallecido, 191 pesos y 4 reales de lo recaudado, quedando de deuda un total de 29 pesos, correspondientes a los 540 animales por los cuales había cobrado durante los 4 meses y 27 días que duró en el cargo.
Lamentablemente, las fuentes no permiten ahondar algo acerca del desarrollo de los saladeros en Santa Fe, pero gracias a éstas podemos asegurar la expansión de las propiedades rurales (a través de los otorgamientos de mercedes) y la continuidad de la importancia del abasto de carne y la exportación de cueros, al menos durante los años analizados.
Sería más que interesante seguir profundizando sobre estos y otros procesos, como el crecimiento de los establecimientos agropecuarios y los cambios que se dieron en las actividades dentro de los mismos, para lo cual sería necesario el análisis de documentos de otro tipo, como sucesiones, testamentarias, tasaciones de bienes, etc.
Bibliografía y fuentes
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