Giuliano fue denunciado en 2004 por Apropol, el gremio policial no reconocido. Apropol presentó un resumen de movimientos de tres cuentas que el ex funcionario tenía en bancos privados y un conjunto de propiedades que le pertenecerían.

Asimismo le dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos. La investigación, que demandó dos años, descubrió y agregó otros bienes que ingresaron a la causa judicial abierta en 2008: varias propiedades entre viviendas y locales comerciales, títulos públicos, dos automóviles, una lancha e incluso constancias de viajes reiterados realizados al exterior tanto por él como por familiares directos. Algunos bienes eran propios y otros de familiares consanguíneos inmediatos.

Una perito contadora de la Corte Suprema afirmó haber llegado a conclusiones semejantes a las alcanzadas por la Oficina de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos, que proponían que el oficial investigado tiene un conjunto de bienes mucho mayor al que pudo demostrar con ingresos lícitos. La causa estuvo años abierta sin que Giuliano fuera citado a indagatoria, lo que prolongó los plazos.

El ex policía fue sobreseído el año pasado por vencimiento de los plazos legales, pero el fiscal de la causa, Esteban Franichevic, rechazó esa resolución porque sostenía que había prueba para enviarlo a juicio por crecimiento injustificado de su patrimonio.

Según publicó La Capital el sábado último, la Cámara de Apelaciones en lo Penal le dio la razón a Franichevic. El tribunal de Alzada declaró nula la decisión de dejar fuera de proceso al ex funcionario por carecer de una valoración de la prueba. De esa forma el expediente recayó en el juzgado de Juan Andrés Donnola.