Política
Exclusivo de NOVA

Ampliaron en Santa Fe la denuncia por los 18 casos de niños víctimas de fumigación con agrotóxicos

Fernando D. Zanier, dueño de Agronorte Servicios Agropecuarios de Las Toscas, el único imputado en la causa.

La denuncia presentada en febrero pasado ante la Unidad Federal de Delitos Ambientales (UFIMA) por los 18 casos de niños víctimas de fumigación con agrotóxicos en la localidad santafesina de Campo Hardy generó no pocas repercusiones en los mentideros políticos y judiciales. Sin embargo, lejos de retroceder, la denunciante Gracia Vizcay Gómez, abogada ambientalista, amplió su presentación.

Vizcay Gómez denunció al gobierno de Santa Fe, al presidente comunal de Florencia, Rubén Carlos Quain, y al Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ciasfe 3) de Reconquista por 18 casos de niños víctimas de fumigación. La fiscalía abrió la actuación judicial con el expediente N° 1610/15, caratulada "Investigación preliminar por Av. inf. Ley 24.051 por aplicaciones de agroquímicos en Campo Hardy, comuna de Florencia, departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe".

La letrada aceleró su presentación luego de una publicación del portal Paralelo28, en la que el imputado, el ingeniero agrónomo Fernando D. Zanier, dueño de Agronorte Servicios Agropecuarios de Las Toscas y asesor de la Desmotadora Romelio Snaider, desmiente los hechos en una nota consensuada con el propio medio, que jamás publicó a los afectados, como tampoco lo hicieron los medios de Reconquista, que es la ciudad de la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos Circunscripción 3, que presiden Walter Edgardo Pucciarello y el también denunciado Octavio Augusto Muchiut, de "Agrosurco Soluciones", miembro del Tribunal de Ética de ese organismo.

Los afectados por la fumigación en Campo Hardy manifestaron que la causa fue caratulada “vergonzosamente” como "Lesiones Leves y Daños", y cuestionaron que tenga un único imputado -Zanier-, cuando en una de las cuatro denuncias realizadas ante la Fiscalía de Las Toscas se acusa también a Muchiut.

Con las pruebas aportadas y los certificados médicos de los doctores Leonardo Benítez, Rodolfo Locatelli y Domingo Saucedo, los denunciantes desmienten en forma categórica a Zanier y a lo publicado en Paralelo28.

Por esa denuncia, la diputada provincial Aliza Damiani elevó un pedido de Informes en la Cámara Baja provincial que hasta el momento no tuvo sin ninguna respuesta ni tampoco vistas de tratamiento, el mismo destino que corrió el proyecto de ley de su autoría sobre fumigaciones en escuelas rurales y la reforma de la ley 11.273 que los diputados se niegan a tratar año tras año, por lo que fueron acusados por los ambientalistas de responder a intereses “sojeros”.

“Lo más provocador es que el fiscal de Las Toscas, Juan Carlos Koguc, a quien la UFIMA le derivó las averiguaciones de los pormenores del caso, haya caratulado la causa como ‘lesiones leves y daños’”, sostuvo Damiani y agregó: “Necesitamos un cambio de paradigma en lo que respecta al encuadramiento de los delitos ambientales, la aplicación indiscriminada de agrotóxicos debe ser considera un delito ambiental y contra la salud pública, y no lesiones leves, daños o tenencia de residuos peligrosos”.

Denuncia

La denuncia de Vizcay Gómez de la que la legisladora se hizo eco advierte sobre los efectos nocivos que se produjeron en la salud de 18 niños del norte santafesino luego de la aplicación de agroquímicos en un campo algodonero. La ampliación de la denuncia incluyó la responsabilidad que pudiera caberles a Quain; al Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ciasfe 3) de Reconquista y al Poder Ejecutivo de Santa Fe, que encabeza Antonio Bonfatti.

Ahora, la UFIMA deberá investigar la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 200, 201 Bis, 203, y 207 (contra la salud pública) tipificados en el Código Penal, y sobre la omisión y/o connivencia de Quain, quien “debe exigir copia de la receta agronómica antes de cada fumigación y archivarla en el municipio”, indicó la denuncia.

Además, se acusa a Sanidad Vegetal, organismo dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente provincial, de una “flagrante violación” de los artículos 33, 34 y 54 de la ley provincial 11.273 de Agrotóxicos, y del artículo 55 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Asimismo, se denuncia a Zanier por presunta "falsedad ideológica" en la confección de la receta sobre los agrotóxicos, que se habría realizado luego de las denuncias, aproximadamente 15 días después la fumigación, fechada el 23 de enero. Por ese documento se autorizó la aplicación del agrotóxicos “a 2 kilómetros de los poblados”, aunque el producto prohibido Clase A (actual clasificación: Ib) banda roja, muy peligroso, (lambdacialotrina, insecticida) fu aplicado directamente sobre los patios de las casas.

“No se respeta la Constitución Provincial, las leyes provinciales Nº 11.717 de Medio Ambiente y N° 10.552 sobre conservación y manejo de los suelos”, sostiene la denuncia y agrega: “La Secretaría de Medio Ambiente es un órgano estéril, irresponsable y vergonzosamente cómplice de todos estos delitos. La connivencia está en cada organismo de contralor, partiendo de los municipios o comunas, a quienes se delega la responsabilidad, incluido el Poder Judicial que no aplica las leyes como corresponde y jamás actúan de oficio”.

En las denuncias realizadas en la Fiscalía de Las Toscas, Unidad Fiscal Distrito N°17, se acusa como partícipe a Muchiut, denunciado también por Autoconvocados de La Criolla, quienes aportaron fotos de su camioneta con bidones de agrotóxicos dentro del ejido urbano de La Criolla y estacionada durante varias horas en pleno centro de la localidad, sin respetar el Código Internacional de Conducta de la FAO, que dice aplicarse en la ley provincial y su decreto reglamentario.

Esta conducta es recurrente en el territorio de Santa Fe a la hora de transportar los bidones de veneno en cabina abiertas de las camionetas, a la intemperie y sin estar sujetos, lo que ocasiona el derrame y la contaminación del ambiente.

La letra chica

La sanción que establece el decreto reglamentario N°552/97 de la ley 11.273 sería aplicable a este caso como "un agravante", dado que los agrotóxicos se aplicaron en una zona prohibida, por lo que corresponde la inhabilitación de Zanier. Así, se espera la sanción de parte del CIASFE 3, que no tiene ningún antecedente, ni de investigación, ni de sumario administrativo alguno a ningún colegiado, por lo que se infiere que ni controla, ni aplica la ley y su decreto reglamentario, y que su Tribunal de Ética es un órgano inoperante.

“La Provincia no fiscaliza, ni siquiera hay antecedentes de aplicación de las multas irrisorias contempladas en la ley de agrotóxicos, jamás aplicó la ley 11.273, ni su artículo 37 y 38, no hay ningún antecedente de que algún organismo de aplicación estimare desaconsejable el empleo de determinados agroquímicos por su alta toxicidad, prolongado efecto residual y/o por otra causa que hiciere peligroso su uso”, indicó Vizcay Gómez.

Por eso la letrada gestionará ante la Secretaría de Estado de Agricultura nacional la exclusión del producto de la nómina de los autorizados, “sin perjuicio de adoptar -en forma inmediata- las medidas necesarias para el resguardo y preservación del medio ambiente, flora, fauna, personas o bienes", agregó.

“Tampoco aplica, redacta ni revisa en forma periódica el listado de las sustancias químicas. Eso se llama connivencia, complicidad e incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que son”, concluyó sobre el organismo nacional.

Connivencia

Zanier y Muchiut, que integran el Colegio de Ingenieros Agrónomos junto al intendente de Reconquista, Jacinto Raúl Speranza, utilizaron los medios locales para desmentir la denuncia, aunque no tienen pruebas para fundamentar sus posiciones, indicaron a NOVA en sede judicial. La explicación es que los portales locales reciben sendas pautas de la Sociedad Rural, por lo que no pueden publicar la información.

Pese a ese “vergonzoso” silencio de los medios de Reconquista, tal como lo calificaron los denunciantes y afectados, las redes sociales explotaron con la nota. La información, que este portal publicó en exclusiva, recorrió España, Italia, Reino Unido, México, Paraguay, Ecuador y todo el país.

La UFIMA ya ordenó las medidas con la constancia de que en el hospital local "se negaron a tomar las muestras" en los niños y afectados. “Una maniobra encubridora como otras a las que la zona y toda la provincia acostumbra, para callar las denuncias de los afectados por agrotóxicos que ya no pueden ocultarse”, planteó Vizcay Gómez.

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